Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
- Jose A. Lozano
- 13 jul
- 2 Min. de lectura
Resumen de contenidos de la Ley
Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Finalidad y enfoque general
La ley busca reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo, promoviendo un modelo más justo, eficiente y sostenible. Se basa en los principios de economía circular, seguridad alimentaria y responsabilidad compartida.
Ámbito de aplicación
Afecta a todos los agentes de la cadena alimentaria:
Productores primarios
Transformadores y distribuidores
Comercios minoristas
Hostelería y restauración
Entidades sociales que gestionan donaciones
Administraciones públicas
Consumidores
Estructura de la ley
La norma se divide en tres capítulos principales:
CAPÍTULO I – Disposiciones generales
Objeto y fines: Establece medidas para prevenir y reducir el desperdicio alimentario.
Definiciones clave: Incluye conceptos como “pérdida alimentaria”, “desperdicio alimentario”, “donación”, etc.
Principios rectores: Jerarquía de gestión, trazabilidad, transparencia, y fomento de la innovación.
CAPÍTULO II – Obligaciones de los agentes
Todos los agentes deben:
Medir y registrar las pérdidas y desperdicios.
Aplicar la jerarquía de prioridades: prevención → donación → reciclaje → eliminación.
Empresas alimentarias:
Deben contar con planes de prevención.
Están obligadas a firmar convenios de donación con entidades sociales.
Hostelería y restauración:
Deben ofrecer envases para llevar comida no consumida.
Aplican medidas de formación y sensibilización.
Entidades sociales:
Deben garantizar la seguridad alimentaria en la distribución de donaciones.
Administraciones públicas:
Promueven campañas educativas, incentivos y sistemas de seguimiento.
CAPÍTULO III – Buenas prácticas
Se fomenta:
La venta de productos con defectos estéticos.
El uso de tecnología para optimizar la gestión de inventarios.
La formación del personal en prevención del desperdicio.
La colaboración público-privada.
Régimen sancionador
La ley establece un sistema de infracciones y sanciones:
Leves: hasta 2.000 € (por ejemplo, no informar sobre cantidades desperdiciadas).
Graves: hasta 60.000 € (por ejemplo, destruir alimentos aptos para el consumo).
Muy graves: hasta 500.000 € (por reincidencia o incumplimiento sistemático).
Derechos de los consumidores
Derecho a información clara sobre fechas de consumo.
Acceso a productos con fecha próxima de caducidad a menor precio.
Posibilidad de llevarse comida no consumida en restaurantes.
Enfoque transversal
La ley también promueve:
La innovación tecnológica para reducir pérdidas.
La cooperación internacional.
La integración de criterios de sostenibilidad en la contratación pública.
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